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La administración estadounidense de Donald Trump, anunció hoy una regla que restringirá los cupones de comida y podría dejar sin esta ayuda social a 3,1 millones de personas, según informaron fuentes del Departamento de Agricultura.

43 de los 50 estados permiten a sus ciudadanos acceder automáticamente a los cupones de comida a través del Programa Asistencial de Nutrición Suplementaria (SNAP, en inglés) si son beneficiarios ya de otra ayuda federal conocida como Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF).

Al Gobierno no parece importarle y pretende que los beneficiarios del TANF pasen un examen de renta y bienes para determinar si tienen derecho a recibir cupones de comida a través del SNAP.

"Durante demasiado tiempo, esta laguna se ha utilizado para omitir (...) importantes pautas de elegibilidad. Con demasiada frecuencia, los estados han utilizado mal esta flexibilidad sin restricciones", dijo el secretario de Agricultura, Sonny Perdue.

"Estamos cambiando las reglas, evitando el abuso de un sistema de red de seguridad crítico, para que los que más necesitan asistencia alimentaria sean los únicos que la reciben", añadió.

A pesar de este rechazo en el Congreso para recortar el plan, para muchos demócratas este es un nuevo intento del gobierno de Trump para saltarse al Congreso que de modo bipartidista dijo no.

Esta regla impulsada por el gobierno del actual presidente norteamericano restringiría la capacidad de los estados para inscribir a los beneficiarios.

Brandon Lipps, subsecretario adjunto interino en el Departamento de Agricultura expresó en una conferencia telefónica citada por varios medios que buscaban cambios en los casos en que los estados inscriben a las personas para recibir cupones de alimentos a pesar de que están recibiendo otros beneficios.

Las restricciones propuestas eliminarían los cupones de alimentos para cerca de tres millones de personas lo que daría un ahorro anual promedio cercano a los 2,500 millones de dólares al estado, según el funcionario. Se emitirá un reglamento final después de un período de comentarios públicos de 60 días en el Registro Federal.