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Una familia cubana que abandonó el país después del triunfo de la Revolución prepara una demanda contra las empresas españolas Meliá y Blau, que administran varios hoteles en terrenos expropiados en la provincia de Holguín, informó el ABC.

Los descendientes de Rafael Lucas Sánchez Hill reclamarán “una compensación adecuada” por la explotación de hoteles en un terreno de más de 40,000 hectáreas al norte de la provincia oriental.

Los centros turísticos  demandados son Meliá Sol Río de Luna y Mares, Paradisus Río de Oro, Blau Costa Verde y Playa Costa Verde.

Gaviota, representa el grupo hotelero estatal detrás del cual están los militares cubanos y está incluida en la lista negra del Departamento de Estado de entidades sancionadas por EEUU y a partir del 2 de mayo será posible demandar a quienes “trafiquen” con estas propiedades. Meliá tiene en Estados Unidos dos hoteles que, en caso de un fallo en su contra, podrían ser embargados para pagar las demandas.

Estos cambios se producen bajo la administración de Donald Trump, en una decisión sin precedentes, decidió poner fin a la suspensión del Título III y IV de la Ley Helms-Burton, que permite demandar a quienes hacen negocios con propiedades “nacionalizadas” en Cuba. Además, Estados Unidos podría prohibir la entrada de los empresarios y sus familiares en este país.

En cuatro ocasiones anteriores, estuvieron a punto de cerrar una indemnización por cinco millones de dólares. El acuerdo se frustró cuando la compañía vio que Washington suspendió el Título III y pasó a ofrecerle solamente $3,000.

Meliá y otras empresas españolas se preparan para una avalancha de demandas por gestionar propiedades confiscadas. La compañía hotelera dijo en un comunicado que ellos eran “meros gestores hoteleros, con un rol equivalente al del resto de actores de la cadena de valor del negocio turístico: agentes de viajes, tour operadores, líneas aéreas, etc, vinculados a la explotación turística en Cuba”.

Una comisión del Departamento de Justicia certificó 5,913 reclamaciones de estadounidenses por la pérdida de tierras, fábricas, instalaciones, mercancías y cuentas bancarias, entre otros bienes, valorados en más de $8,500 millones.

Esa comisión solo certificó los reclamos de ciudadanos norteamericanos, sin incluir los del creciente exilio cubano porque muchos aún no contaban con la naturalización. Con la puesta en vigor del Título III los cubanoamericanos también podrán demandar en cortes de Estados Unidos, pero necesitarán que las propiedades confiscadas tuviesen un valor mayor a $50,000.